La policía está utilizando dispositivos para rastrear ilegalmente a los ciudadanos

En los Estados Unidos, varios casos legales sobre la autoridad que tienen los cuerpos policiales para rastrear a los usuarios de teléfonos móviles sin una orden judicial han comenzado a surgir en varias cortes federales. Por lo general, la policía debe pedirle a un juez que les autorice una solicitud para obtener los reportes de las compañías de teléfono, sin embargo una nueva herramienta podría eliminar la necesidad de que la policía acuda a los proveedores de servicios móviles para obtener esta información.

Se trata de un dispositivo creado por Harris Wireless Products Group in Melbourne, Fl llamado Stingray (Mantarraya). El Stingray funciona como si fuera una torre de teléfonos móviles, capturando datos, como la localización del teléfono, y los números marcado desde un celular que se encuentre en la cercanía. Stingray logra capturar esta información porque hace creer al teléfono que es una torre de señales verdadera.

Dado que supuestamente el dispositivo no graba el contenido de la llamada (solo la información del número de teléfono marcado o la localización desde donde se originó la llamada) los diferentes cuerpos policiales que utilizan el dispositivo alegan que no necesitan una orden judicial para capturar esta información, ya que no están interceptando la llamada o escuchando el contenido de la conversación.

Actualmente hay un caso en las cortes federales de Arizona donde un individuo acusado de fraude fue localizado utilizando esta tecnología. Los abogados defensores han cuestionado la legalidad de la acción policiaca y un juez está decidiendo si las autoridades actuaron dentro del marco de la ley.

El Stingray cuesta alrededor de $250.000 dólares y según ha dicho la organización American Civil Union, varias ciudades han comprado el dispositivo para uso de la policía local.

Este tipo de tecnología se ha ido expandiendo a otros países, principalmente en Europa, donde el gobierno de Inglaterra lo ha usado extensivamente contra las personas acusadas de diversos crímenes como contrabando, fraude y terrorismo.

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